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De nuevo el margen entre lo legal y lo ilegal vuelve a ser difuso. Y es que el Fiscal ha sobreseí­do provisionalmente la denuncia de Nintendo contra una tienda de Zaragoza que se dedicaba a la venta de cartuchos que permiten jugar copias no autorizadas de videojuegos.

La razón de este sobreseimiento es que el Fiscal considera que, aunque es cierto que los cartuchos se pueden utilizar para jugar copias ilegales, también se pueden utilizar con otros fines legí­timos, como jugar nuestras copias de seguridad, o ejecutar aplicaciones caseras, y por este motivo, la venta de tales productos, no es considerada delito.

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Ahora bien, alguien podrí­a preguntarse cómo se pueden jugar copias ilegales de juegos en Nintendo DS si los cartuchos que utiliza no se venden en cualquier tienda, como podrí­a ocurrir con un CD o un DVD. La explicación es bien sencilla.

Existen unos cartuchos especiales llamados «flashcarts», que son estos que no han sido considerados ilegales, que tienen la misma forma que un juego de Nintendo DS. Además, tienen una ranura para una tarjeta microSD. De esta forma, la consola es capaz de leer lo que hay dentro de la tarjeta de memoria tal y como si fuera un juego normal. Por su parte, es cada fabricante de «flashcarts» el que se encarga de crear el software necesario para que al grabarlo en la consola, junto con las aplicaciones que queramos ejecutar, la Nintendo DS sea capaz de reproducir el contenido sin ningún problema.

La venta de estos cartuchos es lo que Nintendo denunció al Fiscal inicialmente. Pero el Fiscal considera que no se tiene porqué realizar un uso ilegal de estos. El considerarlo delito serí­a presuponer que se van a utilizar de forma ilí­cita.

Aun así­, Nintendo todaví­a conserva cierta esperanza con respecto a este asunto. Y es que ha sido el Fiscal del caso el mismo que ha insinuado la propuesta. En todo caso, lo realmente ilegal serí­a el copiar el diseño del cartucho, registrado a nombre de Nintendo, sin haber sido autorizado previamente por la compañí­a nipona. Eso sí­, en este caso, la denuncia tendrí­a que ser contra el fabricante de cartuchos, y tendrí­a que ser tratada por Jurisdicción Civil, y no por un tribunal penal, como era en este caso.

Ví­a: ElMundo